DR. HUGO OSCAR BERTHET
Senador Provincial por San Salvador, Entre Ríos, Argentina
Presidente del Bloque Frente para la Victoria


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Sitio creado para difundir la actividad legislativa del senador BERTHET, como una forma mas de facilitar y promover el vínculo con la gente.

Estaremos gustosos para presentar ante la legislatura sus inquietudes sobre reformas o creación de nuevas leyes o instituciones que tengan por objeto el bien común. Será siempre respetada la mención de autoría salvo expresión en contrario.

CÓDIGO PARA EL USO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS DE FUEGO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA
Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY
ARTÍCULO 1º.- Adoptase como ley de orden público las normativas contenidas en la proclama de “PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) el 27 de Agosto al 7 de Septiembre de 1990, conforme texto del ANEXO I que forma parte integral de esta ley.
Toda normativa vigente en la materia o que se dictare en el futuro deberá adecuarse a los principios rectores de esta ley de orden público.
ARTÍCULO 2º.- La Policía de Entre Ríos y Servicio Penitenciario Provincial presentarán anualmente y antes del 30 de Agosto de cada año, ante la Secretaría de Seguridad y de Derechos Humanos, y ambas Cámaras Legislativas, un informe detallado de las medidas adoptadas para la difusión e implementación en el ámbito de cada una esas instituciones de las disposiciones contenidas en el código de “PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO” del artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- La Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario Provincial incorporarán a sus actividades cursos, seminarios o jornadas sobre el “PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO” del artículo 1º, los que tendrán una duración mínima de ocho (8) horas cuatrimestrales y estarán destinados a todo el personal de la respectiva fuerza sin distinción. Deberán programarse de tal manera que todo el personal pueda asistir a los mismos por lo menos a uno de ellos cada año, y deberá ser materia curricular obligatoria en los cursos de formación de todas las categorías de personal.
ARTÍCULO 4º.- El texto completo del el código de “PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO” adoptado en el artículo 1º deberá figurar en lugar visible en la oficina de guardia o ingreso de toda unidad como en los lugares de academia y recreación del personal, como así también en todos los textos de estudio.
ARTÍCULO 5º.- Todo el personal de las fuerzas policiales y penitenciarias serán munidos de una cartilla con el texto completo del código de “PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO” adoptado en el artículo 1º.-
ARTÍCULO 6º.- Todo el personal de las fuerzas policiales y penitenciarias serán munidos de una cartilla con el texto completo del Código de “PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO” adoptado en el artículo 1º.-
ARTÍCULO 7º.- El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar esta ley dentro de los CIENTO VEINTE DÍAS (120) a partir de su promulgación, debiendo reglar un protocolo de empleo de la fuerza pública y de armas de fuego, para dispersar reuniones ilícitas pacíficas o violentas, que contenga un uso racional y escalonado de la fuerza de disuasión pública, con la correspondencia del agravamiento escalonado de la sanción para los transgresores, en el marco de los principios básicos de esta ley.
ARTÍCULO 8º.- Derogase toda norma que se oponga a esta ley. Esta ley no deroga ni se opone a ninguna norma, legislación o disposición más estricta.
ARTÍCULO 9º La presente ley es de orden público.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dr. Hugo Oscar Berthet

Senador Provincial - San Salvador . Entre Ríos


ANEXO I

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY
Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de Agosto al 7 de Septiembre de 1990

DISPOSICIONES GENERALES
1.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuera y de armas de fuego.
2.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la leu cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos aprueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.
3.- Se hará una cuidadosa e valuación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes aza fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.
4.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuanto otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
5.- Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
6.- Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasione lesiones o muerte, comunicarán el hacho inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22.
7.- Los gobiernos adoptarán las medias necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
8.- No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública o de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos.

DISPOSICIONES ESPECIALES
9.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrán hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
10.- En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego , con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la leu, se creara un riesgo de muerte o daños agraves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
11.- Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que:
a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autor4izaados;
b) Aseguren que las armas e fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
c) prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;
f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

ACTUACIÓN EN CASO DE REUNIONES ILÍCITAS
12.- Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14.
13.- Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.
14.- Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.

VIGILANCIA DE PERSONAS BAJO CUSTODIA O DETENIDAS
15.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas.
16.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9.
17.- Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo en las reglas 33, 34 y 54.

CALIFICACIONES, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO
18.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico.
19.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.
20.- En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos.
21.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.

PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y RECURSOS
22.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos eficaces parta la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.
23.- Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos.
24.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir o denunciar ese uso.
25.- Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de Conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios.
26.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la leu no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas.-




FUNDAMENTOS

H. Cámara

Para fundamentar esta iniciativa proponiendo la implementación de una recomendación de las Naciones Unidas, nada mejor que la propia motivación de la resolución internacional, dado que contiene todos los elementos que propician la presente.
Asimismo es de destacar la conveniencia de acudir al derecho comparado para la reglamentación de estos protocolos de procedimientos, que proponemos por vía de reglamentación para facilitar su rápida adecuación a las necesidades y recursos disponibles.
También creemos que con la herramienta del protocolo de actuación de la fuerza pública para la dispersión de reuniones ilegítimas, permitirá el desarrollo de una normativa contravencional que otorgue mayor responsabilidad y agravamiento a la transgresión de los distintos escalones de disuasión pacífica encarado por la autoridad pública en cumplimiento del protocolo, el que debe ser conocido por toda la ciudadanía, porque debe saber qué le espera en caso de rebelarse contra la ley.
Creemos que estamos inaugurando una etapa en el derecho público entrerriano adecuándolo a las corrientes modernas de los países que presentan una fuerte democracia y fortalecimiento institucional, conceptos que movilizan nuestro accionar legislativo en sus distintas manifestaciones como constan en los anales de esta legislatura.
Existe sin duda alguna un vacío legal – si se aceptara tal concepción – tan grande como grave en todo nuestro sistema de prevención del delito. Si bien es cierto que tanto en el Código Penal por la vía negativa-represiva; como en los Códigos de Procedimientos en Materia Penal; leyes orgánicas de las instituciones de seguridad y otras normas similares, regulan el empleo de la fuerza pública y el uso de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estas disposiciones normalmente están dispersas y expresadas no con sentido metodológico, sino mas bien como eximentes de penas en determinados casos. Esto conspira indudablemente y doblemente contra la necesidad imperiosa del correcto uso de la fuerza pública y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son los custodios en última instancia de nuestras libertades públicas, nuestra vida y nuestro honor.
Incluso no ignoramos que de muchas maneras los principios básicos sobre el uso de la fuerza pública y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, están incluidos y diseminados de distintas formas en una serie de tratados y convenciones suscriptos por nuestro país, algunos de ellos incluso de raigambre constitucional conforme artículo 75, inciso 22, 2º párrafo de nuestra Constitución de 1994
Es conveniente que estas normas sean contenidas en un plexo normativo único y específico, determinando en qué casos y cómo se empleará la fuerza pública y se podrá hacer uso del arma de fuego. Esto nos lleva al establecimiento de protocolos de actuación o roles de función en casos policiales específicos, como ser el de dispersar una reunión ilegítima de ciudadanos, sea pacífica o violenta, o la defensa del orden público y la seguridad individual y pública, procedimientos de arresto, etc. Es decir, el procedimiento concreto y detallado de lo que deben hacer y cómo en la práctica del ejercicio de hacer cumplir la ley. En el marco de un procedimiento escalonado de menor a mayor, que mantenga siempre la seguridad pública con el menor costo posible. Que llevarán por una parte tranquilidad y seguridad en su cometido al funcionario encargado de hacer cumplir la ley, porque estará cumplimentando con una normativa legal, y a los ciudadanos, que tendrán en esa normativa el conocimiento previo de las consecuencias de su proceder y la garantía de un procedimiento regimentado en el marco de los derechos humanos.
Así también lo creyeron oportuno en Naciones Unidas, por ello, sin perjuicio de la plena vigencia de las convenciones internacionales en las que podrían estar incluidos aspectos de esta materia, decidieron darle el lugar que le corresponde en muchas reuniones internacionales realizadas para ello, adoptando una resolución específica. Esto reafirma nuestro criterio y propósito.
En síntesis, no procuramos más que racionalizar estos conflictos, brindando seguridad de acción y garantías legales a los funcionarios y ciudadanos involucrados.
Y llevando seguridad pública a nuestra vapuleada población, que a las incertidumbres de la mundialización llamada también globalización y la vorágine de la dinámica económica social, se ve sumida y consumida por el flagelo de la inseguridad pública. Y esta cuestión debemos enfocarla de distintos puntos, considerando nosotros que este es uno de ellos, para permitirnos seguir avanzando por los requiebros de la maraña social de la cuestión.
Paso ahora a transcribir haciendo propio, los considerandos estudiados en la reunión de las Naciones Unidas en La Habana en 1990:
“Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios..”.. ” Y que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad.
“Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos prevén las circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones.
“Teniendo presente que el artículo 3º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas.
“Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se convino en los elementos que debían tenerse en cuenta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargado0s de hacer cumplir la ley.
“Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos.
“Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10, sección IX, del 21 de Mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran especial mantención en la aplicación del Código en cuestión del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que la Asamblea General en su resolución 41/149, del 4 de diciembre de 1986, entre otras cosas, acogió con satisfacción estas recomendación formulada por el Consejo.
“Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitación y conducta.
“Los principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales y deben señalarse a la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general.”

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